El año pasado, los días 25, 26 y 27 de abril, se llevó a cabo el primer
“ENCUENTRO DE TERRITORIOS Y RESISTENCIAS a la locomotora minera”. El evento, que contó con la participación de
numerosas personas y organizaciones de diferentes procesos de resistencia, permitió consolidar posiciones de crítica y
rechazo frente a las amenazas que representa la locomotora e intercambiar
experiencias de resistencias locales con diferentes modalidades y alcances. Hoy,
después de más de un año de su realización, se ha visto la necesidad de
convocar un nuevo Encuentro que avance un poco más en la consecución de los
objetivos formulados entonces, y dé cuenta de las nuevas experiencias y los
cambios en la situación nacional e internacional. Se aprecia ahora, con mayor claridad, que es
necesario acordar un programa conjunto y una línea de acción de carácter global
y nacional que permitan enfrentar las amenazas sociales y ambientales que
continúan vigentes.
PRINCIPALES CAMBIOS EN LA SITUACIÓN NACIONAL
En el último año y medio se han sucedido numerosos acontecimientos que
podríamos sintetizar de la siguiente manera:
- La
resistencia a la gran minería nacional y transnacional se ha ampliado en
la medida que las comunidades enfrentan numerosos proyectos de exploración
y explotación en toda la geografía nacional.
- Algunos
de los más recientes conflictos generados por el avance de dichos
proyectos son: la iniciativa del Cerrejón de desviar el arroyo Bruno,
afectando gravemente el ecosistema del Río Ranchería en la Guajira; la
exploración de arena y otros materiales de construcción en las inmediaciones del Páramo de Cruz Verde,
en las goteras de Bogotá; la exploración similar a la anterior en el municipio de Suesca.
- En
materia de exploración y explotación de hidrocarburos el Gobierno y las
empresas aceleran la extracción ante la caída de los precios del petróleo
y el nuevo presidente de ECOPETROL anuncia que no se renunciará al
fracking, a pesar de que los precios a la baja lo hacen inviable
económicamente y a despecho de los daños ambientales.
- Ante el
revés sufrido en el Consejo de Estado, que suspendió provisionalmente el
Decreto 943 de 2014 reconociendo el papel de los municipios en la definición
de los usos del subsuelo, el Gobierno de Santos ha respondido con una
andanada normativa a través del Decreto “navideño” (2695) y de la
inclusión en el PND de artículos que legalizan los títulos mineros
otorgados en zonas de páramo y otra
serie de facilidades al modelo extractivo minero - energético. Se violan
desembozadamente normas constitucionales, el derecho internacional y los
más elementales principios de precaución y protección del ambiente sano.
- Los
intentos de diversos sectores sociales y ambientales de dialogar con el
Gobierno y contener los atentados más protuberantes contra el medio
ambiente, los territorios y las comunidades no encuentran respuesta más
allá de la dilación y la displicencia. La estrategia de “licencia social”
intentada por el entonces Ministro de Minas, Amylkar Acosta, como
alternativa al mecanismo constitucional de la consulta popular, fue
abandonada con su salida del cargo para darle paso al garrote físico y
normativo.
- La
delimitación del Páramo de Santurbán es la prueba máxima de que el
Gobierno no se acoge ni siquiera a su propia normatividad a la hora de
favorecer los intereses del gran capital involucrado en la minería. Al
tiempo la negativa del Concejo Municipal de Cajamarca a la consulta
popular sobre la explotación minera en la Colosa, revela la capacidad de
soborno e influencia de las transnacionales para torcer la voluntad de los
“representantes” del pueblo.
DESPUÉS DEL ENCUENTRO DE VILLA DE LEYVA
Luego del Encuentro celebrado en Villa de Leyva, a pesar de algunas tentativas
no se logró la necesaria coordinación para desarrollar el potencial expresado
en él. Sin embargo, varias organizaciones como ILSA, Desde Abajo, Fundación
Nuevo Arco Iris, Censat, Fundación Al Verde Vivo, Unión Libre Ambiental, y
numerosas personas continuaron analizando y debatiendo, en forma periódica y
sistemática, tanto la situación como la propuesta de moratoria minera, conforme
a lo acordado en Villa de Leyva. Al tiempo, se mantuvo el contacto con los
colectivos de Tinjacá, Gachantivá y del Tolima y se participó en varios eventos
y movilizaciones como la marcha carnaval, realizada en Ibagué el año pasado.
Un avance importante lo constituyó la coincidencia, en la propuesta de
moratoria minera, con la Cumbre Agraria, Étnica, Campesina y Popular, proceso
con el cual se ha comenzado un trabajo de mayor aproximación y coordinación.
En el camino, la mesa de moratoria minera - así podría llamarse al grupo de
organizaciones y personas que se reúne con regularidad en ILSA- , confluyó con
el conjunto de organizaciones que presentó la Acción Popular contra la
determinación del Gobierno nacional de habilitar la ventanilla de recepción de
solicitudes de titulación minera el dos de julio de 2013. En consecuencia, acompañó
varias audiencias que se desarrollaron en el marco del proceso, al tiempo que
impulsó la presentación de siete coadyuvancias a dicha acción popular. Más
recientemente se acompañó, particularmente desde ILSA, la demanda de nulidad
del Decreto “navideño” que presentaron varios alcaldes de la Orinoquía y que
concitó el rechazo de la propia
Federación Nacional de Municipios.
Por otra parte, en diciembre del año pasado, se conformó la Coordinadora
Nacional Minero-energética que ha dejado en claro su rechazo a la gran minería
transnacional y se está esforzando en proponer alternativas de política pública
sectorial. En el mismo sentido ha venido avanzando la campaña nacional contra
la gran minería encabezada por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Igualmente se sabe del
avance de un proceso conocido como la Constituyente Minero-energética y Ambiental.
En síntesis, a lo largo del año transcurrido desde el pasado Encuentro de Villa de Leyva, la confrontación entre las comunidades y las empresas mineras, así como entre el movimiento social y ambiental y el Gobierno se ha intensificado, tal como se viene señalando. A este último no le ha resultado fácil imponer su política y se ha encontrado con una resistencia de dimensiones superiores a la que habría podido imaginar. Las empresas tampoco han encontrado un camino despejado como les prometió el Gobierno. Sin embargo, el movimiento de resistencia también va agotando las vías jurídicas y los limitados mecanismos de participación haciéndose cada vez más necesaria una confluencia nacional, tanto organizativa como programática.
CONFLUENCIA PROGRAMÁTICA, ORGANIZATIVA Y DE COORDINACIÓN DE ACCIONES
Parece evidente que no será posible detener la locomotora –es decir, modificar la orientación básica del actual modelo de desarrollo- enfrentándola en cada uno de los lugares en donde hace presencia o amenaza con hacerlo. Ni siquiera simultánea y sucesivamente que sería lo más efectivo; ni siquiera intentando alternativas económicas, por ejemplo agroecológicas, de carácter local. Tampoco es suficiente llamar a la solidaridad con cada proceso de resistencia (aunque se han tenido excelentes ejemplos de movilización de opinión) o a una solidaridad mutua, aunque la comunicación y la articulación para este propósito sería un buen punto de partida. Es pues indispensable acordar una política en común; una política que sea a la vez un programa y una línea de acción. Más aún ahora que se ha visto la persistencia –y agresividad- del Gobierno actual en la imposición de su modelo “extractivista”, pese a los signos de carácter negativo que se observan en el mercado mundial.
En este sentido la iniciativa de moratoria minera permanece como la propuesta más adecuada para avanzar en la construcción programática del movimiento de resistencia pues es una vía táctica para negar la minería como sustento de la economía colombiana y profundizar el debate sobre un nuevo modelo de desarrollo no extractivista y generador de empleo de calidad, ambientalmente armonizable con las características de los ecosistemas nacionales. Dicho debate encuentra ocasión propicia en las críticas al PND, que como nunca ha encontrado fuerte resistencia de numerosos sectores sociales.
La iniciativa de moratoria minera tiene como ventaja, frente a la simple negación de la gran minería, que aprovecha la debilidad gubernamental consistente en la ilegalidad de gran parte de los títulos y licencias ambientales otorgadas y se apoya en consideraciones irrebatibles en la medida en que se fundamentan en principios de precaución y protección ambiental, respeto a los derechos de los grupos étnicos y autonomía de los municipios.
Por consiguiente, el objetivo central del Encuentro que se convoca es precisamente la discusión de un programa capaz de enfrentar la política gubernamental condensada en el PND y precedida de numerosos decretos que agilizan la expedición de las licencias ambientales, viabilizan el fracking y afianzan el poder del ejecutivo central en materia de uso del subsuelo. La propuesta de moratoria minera es la cuota inicial de dicho programa.
Lo anterior se hará sin menoscabo del análisis de conjunto de los movimientos de resistencia pero evitando la narración exhaustiva y extensa de las experiencias, lo cual ya se hizo el año pasado en Villa de Leyva y se ha realizado en numerosos eventos.
La reciente audiencia pública sobre Santurbán y La Colosa, citada por los Senadores Cepeda y Robledo y la movilización del 24 de Abril en defensa de Santurbán nos motivan para convocar de manera amplia a este Encuentro que a la vez que afianza la perspectiva programática del movimiento contribuye a su confluencia y coordinación.
La coyuntura electoral puede considerarse una circunstancia desfavorable para la convocatoria a un encuentro, por razones tanto prácticas como políticas (polarización y oportunismo) que suele rodear a los movimientos sociales en estas épocas pero a la vez es una ventaja que puede aprovecharse suscitando una confrontación entre los candidatos y la ciudadanía en torno a la política minero – energética que se viene imponiendo desde el alto gobierno. En este sentido vale la pena subrayar que el Encuentro es un espacio independiente y autónomo de las banderías partidistas en el trance electoral.
Coincide también con la discusión del PND, que no se agota con su aprobación por el Congreso, y se proyecta en el marco del tortuoso proceso de paz que se adelanta en La Habana.
En suma, el conjunto de circunstancias de la vida nacional someramente expuestas y a las cuales se puede añadir la agudización de la crisis económica hacen urgente que los movimientos sociales, ambientales y políticos forcemos un replanteamiento del rumbo extractivista que han trazado los últimos gobiernos. Dicho replanteamiento debe ir más allá de una reedición de la industrialización previa a la apertura y a los TLC. Debe implicar un renovado e imaginativo encuentro con la democracia real, con la diversidad cultural del país y con sus ricos, hermosos y diversos ecosistemas.
¡Otra Colombia es posible si se logra la paz con justicia social y ambiental!
